En los últimos años, la convergencia tecnológica ha configurado un nuevo ecosistema en el ámbito de las comunicaciones electrónicas cuya importancia es tal que no hay ya, prácticamente, ningún aspecto de la vida social, de la determinación de la agenda pública, e incluso de las relaciones personales, que pueda sustraerse a su influencia. Al mismo tiempo la velocidad y complejidad de las transformaciones sociales inducidas por este ecosistema –integrado por webs y redes sociales, pero también por los medios de comunicación de masas tradicionales adaptados al nuevo entorno; las plataformas digitales; la realidad multipantalla de tabletas y telefonía inteligente, o los asistentes virtuales- hacen muy difícil responder eficazmente a los retos que comporta.

Cabe afirmar que, por el momento, no hemos sabido aprovechar de modo sistemático todos los beneficios y posibilidades que el nuevo ecosistema proporciona en aspectos tan diversos como la economía y el trabajo; el desarrollo científico, la ciencia, la educación y la creación artística; los servicios sociales, la participación ciudadana y la calidad democrática de las instituciones, o la evolución hacia relaciones sociales y personales más cooperativas y abiertas. Pero, sobre todo, tampoco hemos sabido responder a los riesgos que entraña: la intromisión en la privacidad, la desinformación, los bulos y noticias falseadas, el lenguaje de incitación al odio, la polarización social, los delitos cibernéticos, el acoso en red o la radicalización doctrinaria. Es importante y urgente responder con solvencia a este desafío que a todos incumbe, porque no hacerlo supondría poner en riesgo el progreso social y el bienestar de las futuras generaciones y el propio sistema democrático.

La respuesta a este reto que afrontamos exige dar prioridad a la adquisición de nuevas capacidades y recursos por parte de la sociedad y de los ciudadanos que la conforman:

1. Es imprescindible que se garantice que cada ciudadano pueda desarrollar habilidades que le permitan usar, con libertad y autonomía, los recursos que le proporciona el nuevo ecosistema comunicativo; lo que significa potenciar el sentido crítico, la capacidad de tomar decisiones informadas y la disponibilidad de las herramientas precisas para hacerlo.

1. Es esencial que la sociedad en su conjunto pueda servirse de este nuevo ecosistema para avanzar en el bienestar y el progreso social; para potenciar la educación, la ciencia y la cultura y asegurar y mejorar la calidad de la democracia.

Esta acción prioritaria tiene un nombre: Alfabetización Mediática, y discurre por una vía para alcanzar su propósito: la educación en comunicación. No es, desde luego, ni un objetivo ni una vía nuevos. Su concepción y reivindicación tiene una larga historia y hasta una cierta tradición, tanto en nuestro país como internacionalmente. Pero la rápida transformación que vivimos demanda un esfuerzo aún más vigoroso para satisfacer la acuciante demanda tomando como punto de partida todo lo valioso que hasta ahora se ha desarrollado al respecto y dotándolo de un nuevo impulso.

Ya en 2008, la comisaria de la UE, Viviane Reding, en una recomendación a los Estados miembros, señalaba la Alfabetización Mediática “como uno de los requisitos previos para lograr una ciudadanía plena y activa y prevenir y reducir el riesgo de exclusión de la vida de la comunidad”, y alentaba a  “promover el desarrollo de la Alfabetización Mediática en todos los sectores de la sociedad siguiendo de cerca sus avances”.

En ese origen, el programa  Media Literacy – cuyo objetivo era definido como “ educar y alertar al público en general, sobre las distintas formas de comunicación mediática ayudando a desarrollar un pensamiento crítico ante los mensajes  e información  que se reciben diariamente” – ya identificaba como prioritaria la habilidad para acceder a los  media – cine, televisión, prensa, radios , música, internet y otras comunicaciones digitales -, entenderlos, criticarlos  y evaluarlos en sus diferentes  aspectos y  contenidos.

La trasposición al ordenamiento jurídico español (y al resto de Estados miembros) de la modificación de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada a finales de 2018,  supone una oportunidad irrepetible dada la importancia que en este nuevo texto adquiere la Alfabetización Mediática, entendida, tal y como señala el considerando 59 de la norma, como el acervo de “las competencias, los conocimientos y las capacidades de comprensión que permiten a los ciudadanos utilizar con eficacia y seguridad los medios”, añadiendo que “no debe limitarse al aprendizaje de herramientas y tecnologías, sino que también debe tener el fin de aportar a los ciudadanos el pensamiento crítico necesario para discernir, analizar realidades complejas y reconocer la diferencia entre opiniones y hechos”. Ello implica, según la Directiva, la posibilidad de los ciudadanos de acceder a los contenidos mediáticos, pero también de crearlos “de un modo responsable y seguro”, y requiere de la cooperación con todas las partes interesadas de los prestadores de servicios de comunicación y de las plataformas de intercambio de vídeo para la promoción y  desarrollo de la Alfabetización Mediática “en todos los sectores de la sociedad, para los ciudadanos de todas las edades y para todos los medios y que se sigan de cerca los avances a ese respecto”.

Debe mencionarse también, en el mismo sentido, lo recogido por la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos en relación a la denominada “educación digital” como uno de los derechos de la ciudadanía (Artículo 83), señalando que el sistema educativo debe garantizar la plena inserción e inclusión del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con los valores constitucionales, mandatando a las administraciones educativas para contemplar la competencia digital como asignatura de libre configuración y asegurando que el profesorado recibe la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de tales contenidos.

Es urgente y necesario dar prioridad a la Alfabetización Mediática poniendo su desarrollo e implantación en la agenda social, política, económica, educativa y cultural del país.

Hay que trasladar a la opinión pública la importancia y urgencia de la Alfabetización Mediática, de su necesidad y de lo capital que resulta, hoy en día, lograr la movilización de todos los actores sociales e institucionales implicados, para conseguir la atención, la visibilidad y los recursos que la iniciativa requiere y merece.

Este ambicioso propósito hace necesario:

1. Crear una nueva alianza en torno a la Alfabetización Mediática que permita la conexión, tanto de todas las iniciativas que ya están en marcha, como de las que puedan desarrollar nuevos actores que se incorporen a la tarea.

2. Diseñar un nuevo horizonte de acción que, siendo fruto de la colaboración de todos los agentes, pueda aunar fuerzas.

3. Promover acciones estratégicas y políticas destinadas a incidir en el desarrollo legislativo y en la acción de las Administraciones Públicas, con el fin de favorecer y potenciar el desarrollo de la Alfabetización Mediática.

4. Conseguir la articulación internacional coordinando las iniciativas nacionales con las desarrolladas en otros países, especialmente en el marco de la Unión Europea, el Consejo de Europa y la UNESCO.

Por todas estas razones, esta carta abierta es, un llamamiento a todas las personas, colectivos, asociaciones, fundaciones, empresas, medios, colegios profesionales, sindicatos, instituciones, etc. interesadas en la Alfabetización Mediática en España, para:

• Constituir y participar en la Alianza por la Alfabetización Mediática: ALFA-MEDIA

• Promover activamente el Foro Español de Alfabetización Mediática.

• Vincularse al movimiento internacional de Alfabetización Mediática e informacional que propone la UNESCO, especialmente a la Global Alliance for Media and Information Literacy (GAPMIL).